Abril 19, 2019

La Gestora Pública administrará ahorros de los trabajadores desde septiembre de 2021

Arce explicó que esa decisión se debe a inconvenientes con la empresa Sysde, que no concluyó el trabajo encomendado respecto a la creación de un nuevo software


Miércoles 20 de Marzo de 2019, 4:00pm


El gabinete de ministros del presidente Evo Morales aprobó este miércoles un decreto que posterga hasta septiembre de 2021 el inicio de la administración de fondos de pensiones de los trabajadores por parte de la Gestora Pública.

“Se amplía el plazo establecido en el Decreto 3333 para el inicio de actividades al público de la Gestora Pública en cuanto a los regímenes contributivo y semicontributivo, por un plazo no mayor a 30 meses, computables a partir de la publicación del presente decreto”, establece la normativa.

Por lo tanto, se determina también, que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), deberán continuar con sus operaciones hasta el inicio de actividades de la Gestora Pública y la determinación expresa de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

En conferencia de prensa conjunta con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Arce explicó que esa decisión se debe a inconvenientes con la empresa Sysde, que no concluyó el trabajo encomendado respecto a la creación de un nuevo software, entre otros productos.

"De los 83 productos que se le pidió a Sysde, se entregó 28, es decir, el 34%", dijo la autoridad.

La máxima autoridad del gabinete económico dio a conocer que se evalúan sanciones contra la empresa, aunque precisó que es un proceso complicado porque el objetivo es arrancar con un sistema automatizado y no manual.

No obstante, el ministro Arce precisó que la Gestora Pública ya opera desde el año pasado en la administración de la Renta Dignidad y el Fondo de la Renta Universal de Vejez.

Arce y representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), firmaron un acuerdo para ampliar el plazo y desde la próxima semana, reunirse “por tiempo y materia”, para considerar ajustes a las normativas para mejorar el rendimiento de los aportes de los trabajadores con el fin de que optimen las pensiones de los jubilados.

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