Noviembre 12, 2018

Amnistía Internacional dice que está preocupada por la integridad de Amparo Carvajal

También recuerda a las autoridades bolivianas que tienen la obligación de reconocer públicamente “la legitimidad e importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.


Jueves 8 de Noviembre de 2018, 1:45pm


Mediante un comunicado hecho público este jueves, Amnistía Internacional hizo conocer que está preocupada por la “seguridad e integridad de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Asamblea Permanente), Amparo Carvajal”, debido a que autoridades del gobierno boliviano la acusaron de la comisión de los delitos de homicidio y crimen organizado.

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Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz

“Este tipo de acusaciones públicas contra personas defensoras de derechos humanos tienden a obstaculizar e inhibir el importante trabajo que hacen, trabajo que involucra el escrutinio de los actos de las autoridades públicas por posibles violaciones de los derechos humanos y les vuelve objeto de estigmatización y posibles represalias”, dice el comunicado del organismo internacional.

El 24 de agosto pasado ocurrió un enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y campesinos de una comunidad del municipio de La Paz, al cabo del cual se reportó la muerte de dos campesinos y del policía Daynor Sandoval Ortiz.

Amnistía Internacional recuerda que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó de dichas bajas a la organización sindical Adepcoca 2  y Carvajal, de quien dijo que es “una persona irresponsable, y se dice de derechos humanos, patrocinadora de organizaciones criminales”. Luego recuerda que el presidente Evo Morales, desde su cuenta en twitter, aseveró que la “derecha pro imperialista usa Asamblea Permanente de DDHH de La Paz”.

“En un estado de derecho corresponde al Poder Judicial establecer las responsabilidades penales individuales en que pudiera haber incurrido cualquier persona acusada formalmente de un delito y no corresponde a las autoridades del Poder Ejecutivo realizar acusaciones públicas sin elementos de juicio contra personas defensoras de derechos humanos. Ese tipo de denuncias deben ser investigadas de manera independiente e imparcial y no deben constituir una afectación al derecho al debido proceso y las garantías judiciales de las personas defensoras de derechos humanos”, dice Amnistía.

También recuerda a las autoridades bolivianas que tienen la obligación de reconocer públicamente “la legitimidad e importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y abstenerse de acusarles públicamente y de utilizar lenguaje que les estigmatice, violente, desacredite o discrimine”.

Finalmente, Amnistía Internacional insta a la Fiscalía General del Estado a llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva sobre las muertes violentas de dos campesinos y un policía el 24 de agosto de 2018 en La Asunta.

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