Febrero 27, 2017

Periodismo de datos: El patrimonio que atesoran los legisladores bolivianos

Este es un trabajo de periodismo de datos. El patrimonio registrado por los 36 senadores titulares del Estado entre enero de 2015 y noviembre de 2016 es superior al declarado por 130 diputados en similar periodo. Los asambleístas de la Cámara Alta suman en total Bs 141.821.253 y los de la Cámara Baja, Bs 138.633.218. 


Jueves 15 de Diciembre de 2016, 10:30am


La Paz, 15 de diciembre (Texto y fotos de Armando Quispe para Urgentebo).- La senadora beniana del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) y exportadora de castaña, María Argene Simoni Cuellar, es, a sus 45 años de edad, la legisladora con mayor fortuna en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. En 1 año, 9 meses y 17 días, su patrimonio declarado se incrementó de Bs 42.829.291 en 2015 a Bs 48.778.101 en 2016, es decir, en Bs 5.948.810, lo que representa un crecimiento del 12,20%.

No es el único caso. Su colega, la diputada del MAS por Tarija y abogada de 47 años, Nelly Lenz Roso, registró un incremento de patrimonio del 10,66% en 1 año, 9 meses y 24 días. Si en 2015 contaba con Bs 3.152.000, en 2016 tenía Bs 3.528.238, una diferencia de Bs 376.238.

Oscar Ortiz, senador de la alianza de oposición Unidad Demócrata (UD) por Santa Cruz y administrador de empresas, también declaró que su patrimonio creció. La gestión anterior registró Bs 6.530.788 y en 1 año, 8 meses y 15 días, Bs 6.922.093, un incremento del 5,65% (Bs 391.305).

Estos son los tres casos de mayor crecimiento entre los 20 legisladores más acaudalados. Los patrimonios de los demás senadores y diputados titulares también cambiaron. Así lo demuestran las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas entre el año pasado y la gestión en curso por los 166 asambleístas, documentos a los que se tuvo acceso hasta el sábado 19 de noviembre mediante el Sistema de búsquedas de Declaraciones de la Contraloría del Estado, institución responsable del control de la administración de entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tiene participación o interés económico.

(DESCARGUE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS 130 DIPUTADOS Y 36 SENADORES TITULARES DE BOLIVIA)

La Constitución Política del Estado establece en el numeral 3 del Artículo 235 que las servidoras y los servidores públicos tienen como obligación “prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo”. 

A eso se suma lo que determina el Artículo 5 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas que define los procedimientos para el registro de los patrimonios: “Todas las servidoras y servidores públicos deberán actualizar la información de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas durante el ejercicio del cargo, presentando la misma durante el mes de su nacimiento si reside en las capitales de departamento, y si reside fuera de las capitales de departamento, contarán adicionalmente con el mes siguiente de su nacimiento”. Los legisladores deben, de acuerdo a esta norma, declarar cada año.

Legislativo en números

El Legislativo boliviano está compuesto por 36 senadores y 130 diputados como lo establecen los artículos 146 y 148 de la Carta Magna vigente desde el 7 de febrero de 2009. Los legisladores actuales juraron al cargo en enero de 2015 y concluirán su mandato en enero de 2020.

De los 166 asambleístas, 113 pertenecen al gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) que representan el 68,1%; 41, a la alianza política de oposición Unidad Demócrata (UD), el 24,7%; y 12, al Partido Demócrata Cristiano (PDC), el 7,2%.

En el caso de la Cámara de Senadores, 25 asambleístas (69,4%) pertenecen al MAS; nueve (25%), a Unidad Demócrata; y 2 (5,6%), al Partido Demócrata Cristiano. La Cámara de Diputados está compuesta por 88 (67,7%) legisladores y legisladoras del Movimiento Al Socialismo; 32 (24,6%) de UD; y 10 (7,7%) del PDC.

En cuanto a la representación de género, 84 (50,6%) de las autoridades legislativas son mujeres y 82 (49,4%), varones.

La identificación indígena originaria y campesina es otra de las características de la representación. La Asamblea Legislativa Plurinacional registra que 85 (51,2%) de las 166 autoridades se identifican con alguna de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales o afrobolivianas.

De los 85 legisladores, 44 (26,5%) se reconocen como quechuas; 26 (15,7%), como aymaras; 5 (3,0%), como guaraníes; 3 (1,8%), como afrobolivianos; 1 (0,6%), como chiquitano; 1 (0,6%), como cavimeño;1 (0,6%), como baure; 1 (0,6%), como mojeñotrinitario, 1 (0,6%), como uruchipaya; 1 (0,6%), como yuracaré; y 1 (0,6%), como mosetén.

(DESCARGUE LOS DATOS DE LOS 166 LEGISLADORES EN FORMATO "XLS")

Los patrimonios

El patrimonio registrado por los 36 senadores titulares del Estado entre enero de 2015 y noviembre de 2016 es superior al declarado por 130 diputados en similar periodo. Los asambleístas de la Cámara Alta suman en total Bs 141.821.253 y los de la Cámara Baja, Bs 138.633.218. 

De la lista de senadores titulares quedan pendientes tres casos por actualizar en el registro de patrimonio para 2016: Mirtha Arce, Víctor Hugo Zamora y Arturo Murillo, quienes cumplen años en diciembre y que por norma deben renovar datos de sus patrimonios en el registro de la Contraloría en el mes de su natalicio. 

Entre los 36 legisladores del Senado, destacan diez que tienen mayor patrimonio en 2016: la empresaria María Argene Simoni Cuellar del MAS (Bs 48.778.101), el senador dedicado a la construcción, César Milciades Peñaloza Avilés, del MAS (Bs 34.299.065); la Apu Mama T’alla de Jach’a Carangas, Plácida  Espinoza Mamani, del MAS (Bs 10.175.500); el administrador de empresas, Oscar  Ortiz  Antelo, de UD (Bs 6.922.093); el bioquímico Erwin Rivero Ziegler del MAS (Bs 6.303.500); el dirigente transportista y dirigente universitario, Omar Paul Aguilar Condo, del MAS (Bs 5.046.832); el odontólogo Fernando Ferreira Becerra del MAS (Bs 4.904.500); el médico cirujano Ciro Felipe Zabala Canedo del MAS (Bs 4.691.211); la abogada y comerciante María Elva Pinckert de Paz de UD (Bs 3.114.123) y la abogada Carmen Eva Gonzales Lafuente de UD (Bs 2.263.000), respectivamente.    

 

Los patrimonios de cinco de estos 10 legisladores han disminuido en relación a lo declarado el 2015. El de Peñaloza redujo en Bs 16.442 (-0,05%); el de Espinoza, en Bs 666.000 (-6,55%); el de Erwin Rivero, en Bs 2.152.871 (-34,15%); el de Aguilar, en Bs 282.113 (-5,59%) y el de Gonzales, en Bs 19.000 (-0,84%).

En los otros casos, cuatro patrimonios se incrementaron y uno no tuvo cambio alguno entre 2015 y 2016. El de Simoni subió en Bs 5.948.810 (12,20%); el de Ortiz, en Bs 391.305 (5,65%); el de Zabala, en Bs 112.027 (2,39%) y el de Pinckert, en Bs 449.823 (14,44%). En el caso de Ferreira, su patrimonio se mantuvo en Bs 4.904.500.

En diputados, los diez legisladores con mayor patrimonio son el abogado Miguel Ángel Feeney Parada de UD (Bs 8.527.720); el diputado dedicado a la construcción, Helmuth Salinas Iñiguez, del PDC (Bs 8.137.320); la politóloga Jimena Costa Benavides de UD (Bs 7.074.400); el economista Erik Moron Osinaga de UD  (Bs 5.880.000); la socióloga Sonia Brito Sandoval del MAS (Bs 3.755.000); la abogada Nelly Lenz Roso del MAS (Bs 3.528.238); el dirigente vecinal Mario Mita Daza del MAS (Bs 3.448.535); el ingeniero industrial Edgar Montaño Rojas del MAS (Bs 3.428.270); la abogada Susana Rivero Guzmán del MAS (Bs 3.343.547); y el minero cooperativista Francisco Quispe Flores del MAS (Bs 3.139.396).

 

En este grupo de diputados al menos cinco han reducido su patrimonio en relación a 2015. El patrimonio de Salinas disminuyó en Bs 2.414.800 (-29,68%); el de Moron, en Bs 420.000 (-7,14%); el de Brito, en Bs 20.000 (-0,53%); el de Mita, en Bs 182.369 (-5,29%); el de Rivero, en Bs 123.753 (-3,70%) y el de Quispe, en Bs 550.100 (-17,52%).

Entre los patrimonios que se incrementaron se encuentran los casos de Costa que sumó Bs 315.000 (4,45%); el de Lenz Rozo, que aumentó Bs 376.238 (10,66%); el de Edgar Montaño, que amplió su patrimonio en Bs 10.580 (0,31%). En el caso de Feeney, el Sistema de búsquedas de Declaraciones de la Contraloría del Estado sólo cuenta con el registro actualizado al 18 de mayo.

Si se hace una comparación de los 20 casos, 13 corresponden al Movimiento Al Socialismo; 6, a Unidad Demócrata y 1 pertenece al Partido Demócrata Cristiano.

Las observaciones

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Víctor Borda, considera que hacer la declaración jurada es un paso primordial para permitir la fiscalización. Advierte, también, que un registro erróneo de un patrimonio puede traer consecuencias legales.

En el Artículo 33 de la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz establece que quien “falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días”.

En criterio de Borda, no se cuenta con una información adecuada para el buen registro de patrimonio. Indica que esa situación puede provocar omisiones o datos erróneos. Sugiere que el formulario de llenado de la declaración jurada “debe ser más simple, entendible y sin palabras técnicas”.

“No hay mucha información porque las declaraciones se las llena a través de un formulario por internet; a veces, el poco conocimiento de estos documentos y del llenado genera ciertas dificultades”, comenta.

La diputada de la alianza de oposición Unidad Demócrata, Jimena Costa, sostiene que si bien el registrar un patrimonio contribuye a la transparencia en el manejo de recursos públicos, aún existen aspectos que se deben tomar en cuenta para una mejor fiscalización. Plantea el mejor aprovechamiento de las tecnologías para que se permita declarar y verificar el patrimonio que un servidor público tiene no sólo en el país, sino también en el extranjero.

La legisladora asevera que es necesario un nuevo sistema que facilite una mayor transparencia y permita el registro de los respaldos adecuados.

“Tampoco se trata de un Estado policiaco que esté interviniendo hasta tus bolsillos y tu colchón, pero un sistema que sin ser policiaco tenga un poquito más de respaldo, porque uno puede declarar lo que se le antoje”, opina.

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